A partir de la promulgación de la Ley General de Sanidad 14/1986 de 25 de abril,1 se inició en la legislación interna española el derecho a la información del paciente y su consentimiento informado, debido a que este siempre ha tenido el derecho a ser informado de su enfermedad y de su tratamiento ambulatorio, en el marco de los derechos humanos; no obstante, al ser España un país plurilegislativo, el derecho de información y el consentimiento informado se ven afectados en cada comunidad autónoma. El presente artículo se enfoca en tres conceptos: el deber de información al paciente, el consentimiento informado y el tratamiento ambulatorio. Conjugados todos, son una buena herramienta jurídica en este siglo XXI tanto para el paciente como para el médico, en el entendido de la Lex Artis como elemento jurídico para recurrir a los tribunales. En desarrollo de lo anterior, este artículo comprende cinco apartados: el primero esboza un estudio de los inicios de la aplicación legislativa del deber de informar al paciente y su concepto legal; el segundo presenta el consentimiento informado; el tercero muestra las consecuencias de la falta de información; el cuarto comprende la carga de la prueba y el quinto aborda el tratamiento ambulatorio como elemento indispensable, incluso en la situación de la persona discapacitada.

La teoría jurídica de los derechos humanos y los derechos fundamentales demanda la necesidad de un orden jurídico global que ampare ambas categorías jurídicas sin grados de distinción personalista como ciudadano e inmigrante. En el marco del orden jurídico globalizado, la unión de Estados supone la desaparición de fronteras visibles e invisibles, en tanto los Estados Nación están llamados a desaparecer. Pese a la construcción teórico-jurídica del binomio derechos humanos-derechos fundamentales, que irradia una delimitación jurídico-política ajena al Derecho nacional, persiste el cierre y control fronterizo de los países que se han erigido como potencias económicas. Esto da lugar a la ausencia de reconocimiento de los derechos humanos para aquellos individuos no ciudadanos que se encuentran en búsqueda del derecho que les asiste al buen vivir. Se postula, entonces, la elección de un caso particular objeto de análisis, dado en la frontera de Ceuta y Melilla, que pondrá en tela juicio la pretensión de universalidad de los derechos humanos. Para ello, se emplea una metodología inductiva y una metodología deductiva y pragmática, pues se pondrá en tensión el caso de los cierres fronterizos con la teoría actual de los derechos fundamentales.

El presente artículo propone una reflexión sobre el concepto de los derechos fundamentales desde la perspectiva del profesor Alexy, quien expone como argumento central que, al positivizarse, los derechos humanos se convierten en fundamentales, esto es, que los derechos son vinculados formalmente a una Constitución. También reconoce que existen derechos fundamentales por fuera de la Constitución que son vinculados por vía de bloque de constitucionalidad. Desde otra perspectiva, según Ferrajoli, los derechos fundamentales son los adquiridos como titulares por las personas con capacidad de obrar y que deben garantizarse por las instituciones estatales. Estas perspectivas forman parte de lo que se ha conocido en la teoría del Derecho Constitucional como neoconstitucionalismo, de la cual Ronald Dworkin se ha convertido en impulsor por su concepción de que los principios son esenciales para el Derecho y son superiores a las leyes que son promulgadas desde una apreciación más particular por los intereses que caracterizan a los partidos que conforman el Parlamento. El punto de encuentro de estos teóricos está en que los principios y los derechos son superiores a las leyes y su interpretación por parte de los jueces y su cumplimiento determina sociedades más democráticas.

El conflicto como expresión de las relaciones sociales ha sido abordado por diversos autores, toda vez que se trata de un fenómeno inherente a la vida de los seres humanos. Sin embargo, no es suficiente hacer un estudio de conceptualización, pues las relaciones entre individuos están en constante evolución y se encuentran influenciadas por diferentes contextos económicos, culturales y tecnológicos, entre otros. El proceso de globalización vivido desde finales del siglo XX ha traído consigo nuevas fuentes de conflicto, determinadas por aspectos como la multiculturalidad y la internacionalización de la política, los negocios y la información y además ha generado el surgimiento de procesos de integración económica que evidencian la existencia de relaciones hegemónicas entre actores, con una dicotomía entre conflicto y cooperación.

El avance social de las últimas décadas supone la necesidad de replantearse los diversos esquemas jurídicos y la forma como estos se integran a la sociedad contemporánea. Por ello, se deben asumir como valores políticos y jurídicos la dignidad humana, los derechos humanos y el principio democrático que los fundamentan y, a la vez, los limitan, en aras del desarrollo colectivo. Lo anterior supone un sometimiento de los poderes y las instituciones a la Constitución y a los derechos fundamentales en las diversas esferas privadas y públicas que maneja el individuo, como la social, la cultural y la política.

En la globalización, el fenómeno de la migración afecta a todos los países, aunque de diferente forma. Los Estados desarrollan políticas para el acceso legal de los inmigrantes; sin embargo, en muchas ocasiones, existe un alto ingreso de migración irregular. En este contexto, el Derecho Público internacional ha desarrollado una serie de estándares para la protección de los derechos de los inmigrantes irregulares. El presente artículo tiene por objeto analizar dichos estándares en el caso colombiano.

En el presente escrito se busca analizar el trabajo de los profesores Jairo Becerra, Claudia Bibiana García, Marco Emilio Sánchez y Lorenzo Cotino en su libro titulado La responsabilidad del Estado por la utilización de tecnologías de la información y la comunicación (TIC).